El presidente Felipe Calderón envió al Senado su iniciativa de reformas en materia de fuero militar, para que los integrantes del Ejército que cometan los delitos de desaparición forzada de personas, violación y tortura sean investigados por denuncias anónimas y juzgados por tribunales civiles, con sanciones de hasta 50 años en prisiones militares y multas que pueden llegar al medio millón de pesos.
La iniciativa prevé que el delito de desaparición forzada no podrá prescribir antes de 35 años, por lo que el caso Rosendo Radilla ya no recibiría este tratamiento, toda vez que ocurrió en 1974. Para este delito no procederá la amnistía, el indulto ni los beneficios preliberacionales ni sustitutivo alguno.
En el texto de 48 cuartillas, el presidente Calderón abre la posibilidad de que los militares sean sujetos de averiguaciones previas a cargo del Ministerio Público Militar, que podrá auxiliarse de la nueva Policía Ministerial Militar para investigar denuncias anónimas, que lleguen por fax o a través de correo electrónico, contra los efectivos castrenses o navales.
Se crea la figura de los jueces de sentencia, cuya función será revisar los casos en que se pueden modificar o reducir las penas, con lo que podrán salir de la cárcel antes.
De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, esta iniciativa atiende la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, “sin que vulnere el bien esencial que protege la jurisdicción militar: la disciplina de las fuerzas armadas, pilar del funcionamiento de dichas instituciones”.
La iniciativa llegó al Senado cuatro horas después de que Calderón la entregara en propia mano a los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PVEM y Convergencia que acudieron a Palacio Nacional.
Llegó acompañada del “impacto económico” enviado por la Secretaría de Hacienda, que estimó un costo de 72 millones 730,084 pesos, para la implementación de cuatro Juzgados de Ejecución de Sentencias.
(Nota de Milenio.com)
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